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Batería de propuestas contra la corrupción

Batería de propuestas contra la corrupción

22/02/2013

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya propone que los condenados por delitos de corrupción no puedan volver a ocupar un cargo público

Vic | Redacción.- Plataforma per Catalunya impulsará una moción centrada en la lucha contra la corrupción en los consistorios catalanes en los que tiene representación.

Josep Anglada, presidente de Plataforma per Catalunya, ha hecho pública su denuncia a la resistencia por parte de los partidos políticos a que haya una verdadera transparencia, a dar explicaciones y a dirimir responsabilidades sobre prácticas poco justificables en la gestión del hecho público.

El líder identitario ha apuntado que con su corrupción moral, empresas públicas y privadas han actuado como colaboradores o promotores necesarios para llegar a la situación actual.

La propuesta que se someterá a debate en las respectivas sesiones plenarias propone extender los delitos de corrupción y de soborno a todas las personas lucradas con los hechos tipificados, es decir, a corruptos y corruptores que se han beneficiado del mismo, incluidas las responsabilidades económicas directas o subsidiarias.

El documento busca obligar a los cargos públicos condenados por delitos de corrupción a retornar todo el dinero que hayan obtenido ilícitamente, y cuando no sea posible, pedir responsabilidad civil y económica subsidiaria a los partidos en que militaban en el momento de la comisión de los delitos.

Plataforma per Catalunya pide también que todas las personas condenadas por delitos de corrupción mientras hayan ejercido la función pública no puedan volver a la actividad política, y hacer extensible el veto a todos aquellos que hayan llevado a cabo actividades irregulares o tengan condenas por delitos de corrupción en empresas, sociedades y cajas de participación pública.

La moción propone impulsar un Proyecto de Ley que recoja todas aquellas modificaciones necesarias para que aquellas personas, partidos, sindicatos, entidades o empresas que hayan sido condenadas por estas prácticas, no puedan recibir ayudas públicas ni realizar contratos o convenios con las administraciones públicas catalanas.

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