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El TSJ acepta una querella de PxC contra Mas y Ortega por desobediencia y malversación de caudales públicos

El TSJ acepta una querella de PxC contra Mas y Ortega por desobediencia y malversación de caudales públicos

20/04/2015

EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha advertido de que el gobierno catalán "realizó y asumió" la celebración de la consulta soberanista o proceso participativo del 9N pese a que el Tribunal Constitucional había acordado suspender todos los actos preparatorios. En un auto, tribunal catalán incorporar a Plataforma per Catalunya (PxC) en la causa por desobediencia abierta contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por el proceso participativo del 9N.

La querella inicial de PxC se dirigía contra Mas y Ortega por un delito de desobediencia y otro de malversación de caudales públicos, por los gastos públicos generados en la convocatoria de la consulta, cuyos preparativos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional en una providencia del 4 de noviembre. En el auto, la sala civil y penal del TSJC acuerda admitir a trámite la querella de Plataforma per Catalunya y acumularla en el procedimiento penal abierto en el alto tribunal catalán contra Mas, Ortega y Rigau, al apreciar que los hechos denunciados pueden constituir un delito de desobediencia "sin perjuicio de la comisión de otros directa o indirectamente relacionados con él".

Según el TSJC, existen indicios de que el gobierno catalán pudo cometer un delito de desobediencia "toda vez que el llamado 'Proceso de participación ciudadana', que culminó con las votaciones realizadas en diferentes centros públicos y privados de Cataluña el 9N del 2014, fue presuntamente realizado y asumido por la Generalitat tras la suspensión de todos los actos preparatorios y vinculados" acordada por el Constitucional. El alto tribunal catalán mantiene abierta la investigación por el 9N, instada entre otros por la Fiscalía Superior de Cataluña, tras rechazar en febrero pasado los recursos de Mas, Ortega y Rigau para que se archivara el procedimiento.

 

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