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Observatorio del Islam

elpais.com, 10/06/2017; Un 21% de los acusados de yihadismo desde 2016 fueron absueltos

elpais.com, 10/06/2017; Un 21% de los acusados de yihadismo desde 2016 fueron absueltos

12/10/2017

Altos mandos de la lucha antiterrorista plantean que algunos sospechosos puedan ser expulsados del país

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/10/actualidad/1497117952_613789.html

Entre 2016 y 2017 se han dictado 16 sentencias de terrorismo yihadista en España y 15 han sido condenatorias. Del total de acusados en estas causas, 32 fueron condenados y siete (un 21,8%) absueltos, según los últimos datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Los recientes ataques de Londres, Berlín, Niza y París evidencian que los terroristas estaban fichados por la policía. España optó por las “detenciones preventivas” (“intervenir a la mínima”) y lleva sin sufrir atentados desde 2004. Altos mandos de la lucha antiterrorista prevén un cambio de tendencia en las sentencias y proponen que se les expulse del país.

El último detenido por yihadismo, el número 707 del siniestro contador que puso en marcha el Ministerio del Interior tras el 11 de marzo de 2004 en España, fue apresado en Madrid el pasado 1 de junio porque sobre él pesaba una orden internacional de detención de Marruecos. Lo relató el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en Twitter.

El arrestado es un viejo conocido de los servicios de Información españoles, que en su día no lograron reunir pruebas suficientes contra él como para convencer al Tribunal Supremo de su supuesta vinculación con los atentados del 11-M. Pese a ello, pasó cuatro años y medio en prisión hasta que fue absuelto. Se llama Abdelilah El Fadual El Akil, es vecino de Parla (Madrid), tiene 47 años, y es nacido en Tetuán (Marruecos). El pasado martes volvió a ser puesto en libertad tras su arresto. Así lo ordenó el juez José De la Mata en contra de la opinión de la fiscalía.

“En primer lugar los hechos por los que se solicita la extradición [participación en un supuesto tráfico de drogas en 2002 con personas vinculadas al 11-M] se remontan a 15 años de antigüedad”, señala el juez en su auto. Y, aparte de apuntar “la ambigüedad e indefinición del hecho consignado”, el magistrado recuerda que ya fue juzgado en España en 2008 y que hoy “existe una situación de arraigo personal, familiar, laboral y social del reclamado en España, donde convive hace años con su esposa y dos hijos con un trabajo estable”. Por todo ello, “y en aplicación de un criterio de proporcionalidad”, De la Mata desestima las medidas cautelares más gravosas como podría ser la pérdida de su derecho de libertad.

25 operaciones este año

En lo que va de año, van 25 operaciones antiyihadistas en España, más de una por semana de media. Altos mandos de la lucha antiterrorista reconocen que “se optó por las detenciones preventivas”: Aquí no se espera, intervenimos a la mínima evidencia porque no queremos que nos pase lo de Londres o lo de París”, explican. Pero eso, admiten, conlleva que “a veces las pruebas son débiles” y alertan sobre un cambio de tendencia en las decisiones judiciales: “Muy probablemente se va a dejar en libertad a mucha gente, se nos va a complicar el patio”. Por eso, y aún a sabiendas de que “no es políticamente correcto”, plantean “la expulsión por motivos de seguridad nacional” (art. 57.7 de la Ley de Extranjería) como alternativa para algunos sospechosos que logren eludir la cárcel.

“Sólo hay tres opciones: detener, expulsar o aguantar asumiendo el riesgo, porque los llamados centros de desradicalización ya han fracasado en Francia”.

Desde los organismos judiciales, saturados por asuntos de yihadismo —desde la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional se pedían esta semana cuatro fiscales de refuerzo—, se señala que es ahora cuando están llegando a sede judicial los casos que deben juzgarse de acuerdo con las modificaciones de 2015 —dirigidas a combatir específicamente el terrorismo yihadista— en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.

“Esos cambios han servido para adelantar la barrera punitiva y tipifican como delictivas actividades que puedan ser preludio de una acción violenta, como por ejemplo el autoadoctrinamiento, pero nos encontramos ahora con que aún no hay jurisprudencia suficiente para establecer con claridad qué es y qué no autoadoctrinamiento, nos falta un cuerpo jurisprudencial”, explica Dolores Delgado, portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y con experiencia en temas de terrorismo yihadista desde 2007. “Son asuntos muy complejos, hay que lograr mostrar que hay una finalidad de cometer uno de los delitos reconocidos casi siempre mediante pruebas indiciarias: fotos, material informático, conversaciones grabadas...”.

Entre los abogados defensores de presuntos yihadistas es bastante unánime la idea de que “la mayor parte de los detenidos caen por actividad o manifestaciones en Internet. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han encontrado ahí un filón de operaciones de éxito que ofrecerle a los políticos de turno para tranquilizar a la ciudadanía”. Y afirman: “La mayor parte de las veces van a prisión preventiva, les caen entre 8 y 12 años, en la cárcel tienen calificación de FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), con regimen de semiaislamiento, así que si no estaban radicalizados las posibilidades de que lo logren y acumulen odio en prisión son muy altas”, coinciden dos letrados.

Los últimos datos de Instituciones Penitenciarias hablan de 254 reclusos vinculados al terrorismo yihadista: 140 son condenados o preventivos; 33 no condenados por terrorismo pero radicalizados y con especial seguimiento; 81 son personas susceptibles de ser radicalizadas y en seguimiento pero no condenados por terrorismo.

El Akil fue condenado a nueve años por supuesta colaboración con la célula terrorista del 11-M y, tras cuatro años y medio de prisión y un recurso de casación mediante, fue absuelto por el Supremo por falta de pruebas. El martes, de nuevo, fue el juez De la Mata quien le dejaba en libertad, pero algunos de sus vecinos ya han mostrado su rechazo en los foros de Parla.

Un agente encubierto al descubierto - P.O.D.

Hay un vídeo en el que se ve a un chico tapado que lee soflamas en árabe con música y una bandera del ISIS y fotogramas de la Puerta del Sol. En otro, dos jóvenes empuñan un machete y lo que parece un Kaláshnikov. Dicen: “Vais a morir todos por la gloria de Alah” en árabe. Son dos de los seis jóvenes con los que días antes un agente encubierto de la Policía se ha reunido en La Cabaña, una caseta abandonada de Valdebernardo, por una supuesta operación contra el tráfico de armas. Quieren comprar granadas, munición y Kaláshnikovs. Entre ellos hay un confidente de la Policía.

Según los investigadores, son todos colegas y frecuentan escuelas coránicas de un adoctrinador que vive a caballo entre Madrid y Ceuta.

La policía detuvo en Madrid a los dos chicos del vídeo el pasado 28 de diciembre. Declararon que se grabaron siguiendo las instrucciones de otro amigo, Lolo, precisamente el confidente de la policía que les habría tendido una trampa. El chivato es un chaval descarriado que llevó al mismo huerto a la Guardia Civil y al CNI por un puñado de euros. El juez Santiago Pedraz les dejó a todos en libertad por entender que podía haber “inducción al delito”. Posteriores filtraciones dejaron al descubierto al agente encubierto, hoy protegido.

El 50% de las investigaciones se topan con infiltrados - P.O.D.

Desde que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyera y reforzara la figura del “agente informático encubierto” es rara la investigación que no se topa con alguno, según revelan fuentes de la lucha antiterrorista. “La mitad de las que se abren”, aseguran.

Aunque es el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) el organismo que coordina y aglutina las informaciones sobre estas materias, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por ejemplo, así como las policías autonómicas, “van por libre”.

Igual que se han incrementado y especializado los efectivos en los grupos dedicados a perseguir el terrorismo islamista de la Policía y la Guardia Civil, era la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien anunciaba hace unas semanas un incremento de 600 agentes en el CNI para luchar contra el yihadismo.

Son miles por tanto los agentes informáticos encubiertos que pueden, al amparo de la reforma legal de 2015, usar identidades falsas en las redes sociales, incluyendo chats, utilizados como medio de captación y adiestramiento de los islamistas radicales.

Los policías secretos pueden intercambiar archivos “ilícitos” en el transcurso de una investigación y actuar bajo una identidad supuesta en los canales cerrados de comunicación telemática con el fin de grabar imágenes y conversaciones.

Estas licencias han llevado a algunos abogados a señalar una fina línea: “Pueden ser los propios agentes encubiertos los que inciten el delito”.

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